Nuevo reporte sobre el Ministerio Público de Guatemala pide acciones para prevenir abusos de poder y garantizar la rendición de cuentas.

El Rule of Law Impact Lab de la Facultad de Derecho de Stanford, junto con el Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, publicaron hoy un reporte que documenta graves faltas y abuso de poder por parte del Ministerio Público de Guatemala bajo su actual liderazgo. Las dos organizaciones destacan la falta de un mecanismo independiente e imparcial que garantice la rendición de cuentas del Fiscal General por mala conducta y emiten una serie de recomendaciones al Estado de Guatemala para reformar este mecanismo.

El reporte, titulado “Por encima de la ley: El Ministerio Público en Guatemala”, documenta y analiza por primera vez decenas de denuncias oficiales emitidas por varios organismos multilaterales y diversos gobiernos contra el Ministerio Público. Esto incluye acusaciones sobre obstrucción de investigaciones sobre corrupción, utilización del derecho penal como herramienta para perseguir a operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, e intenciones de subvertir la democracia del país.

“El registro oficial del abuso de poder por parte del Ministerio Público es abrumador y no puede ser ignorado”, señaló Amrit Singh, profesora de derecho y Directora Ejecutiva del Rule of Law Impact Lab de la Escuela de Derecho de Stanford University. La profesora agregó: “Sin embargo, la legislación guatemalteca no proporciona ningún mecanismo independiente e imparcial para que la Fiscalía rinda cuentas, tal y como exige el derecho internacional. El Estado de Guatemala debe garantizar que el Ministerio Público rinda cuentas y respete el Estado de Derecho.”

“Este reporte demuestra claramente cómo el Ministerio Público de Guatemala ha abusado de su poder para bloquear los esfuerzos por arrancar la corrupción, criminalizar a los defensores de los derechos humanos y socavar los procesos democráticos. Para restablecer la confianza en las instituciones públicas y abordar la corrupción endémica de Guatemala, el Ministerio Público y sus fiscales deben comenzar a realizar investigaciones transparentes y actuar con la imparcialidad y objetividad necesarias para ese cargo. Sin mecanismos de rendición de cuentas, el Ministerio Público sólo continuará protegiendo la impunidad, con un gran costo para Guatemala”, dijo Jaime Chávez Alor, Director Ejecutivo Asociado del Cyrus R. Vance Center for International Justice.

El reporte documenta denuncias oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas, la Unión Europea y los gobiernos de Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Francia, Georgia, Alemania, Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Montenegro, la República de Moldova, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania, el Reino Unido y los Estados Unidos.

Estas alegaciones plantean serias preocupaciones sobre la posible violación de las obligaciones internacionales de Guatemala en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Guatemala ocupa el puesto 13 de 15 países latinoamericanos por su capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción, según un reporte emitido en 2023 por Americas Society/Council of the Americas. En 2023, el activista anticorrupción Bernado Arévalo y su partido, Semilla, lograron una sorpresiva victoria en las elecciones generales. Desde entonces, las maniobras legales de integrantes de la administración anterior y sus aliados, junto con el Ministerio Público bajo su actual liderazgo, han intentado revertir los resultados electorales y debilitar al presidente y su partido..

El reporte documenta cómo el Ministerio Público, bajo el liderazgo de María Consuelo Porras Argueta de Porres, quien asumió como Fiscal General en 2018, ha desempeñado un papel clave en frustrar las investigaciones anticorrupción, utilizando el derecho penal como arma en contra de jueces, periodistas y defensores de derechos humanos, y debilitando la democracia.

Cuarenta y dos países han emitido sanciones, de manera individual y colectiva contra la Fiscal General por corrupción e intentos de socavar la democracia. Entre estos se encuentran la Unión Europea (formada por 27 Estados) y los gobiernos de Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Francia, Georgia, Alemania, Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Montenegro, la República de Moldavia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania, el Reino Unido y Estados Unidos.

Sin embargo, la legislación guatemalteca no prevé un mecanismo independiente e imparcial para exigir responsabilidades a un/a Fiscal General, como exige el derecho internacional. El único medio para exigir responsabilidades a el/la Fiscal General es su destitución mediante una condena penal firme por un delito intencionado cometido durante su mandato. Cualquier investigación penal contra el/la Fiscal General tendría que ser iniciada por el Ministerio Público, que él/ella dirige y, o bien por personal jerárquicamente inferior a él/ella, o bien por un «fiscal especial» externo que es nombrado por él/ella y puede ser destituido por él/ella. La estructura jerárquica del Ministerio Público hace prácticamente imposible exigir responsabilidades a el/la Fiscalía General por mala conducta.

Para solucionar esta situación, el reporte llama al Estado de Guatemala a tomar las siguientes acciones:

• Asegurar que el Ministerio Público y sus fiscales actúen con imparcialidad, objetividad y profesionalismo.
• Implementar procedimientos disciplinarios justos y transparentes para responsabilizar a los fiscales por mala conducta.
• Garantizar la independencia de las investigaciones, especialmente de figuras como la del Fiscal General.
• Reformar las leyes y reglamentos de Guatemala para que la estructura jerárquica del Ministerio Público no sea un obstáculo para que los funcionarios de alto nivel de esa oficina rindan cuentas por mala conducta.