Explora cómo la compra del medicamento Remdesivir ha llevado a más de 100 denuncias de corrupción en el país.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), junto a la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), brindaron una conferencia de prensa para presentar avances de la investigación relacionada con la denuncia por la compra del medicamento Remdesivir en el 2020.

El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, compartió al inicio de la conferencia que el ministerio ha hecho más de 100 denuncias penales por casos de corrupción, entre estos aquellos que han ocurrido en los servicios de Salud del país.

En este sentido, el asesor y encargado de la Unidad de Asuntos Internos y Probidad del Ministerio, Mynor Melgar, expuso los avances del caso de corrupción por la compra del medicamento Remdesivir, durante el año de la pandemia.

Sobre este caso, expuso que en abril encontraron un sobreabastecimiento por una gran cantidad de millones de quetzales en diferentes hospitales del país. Este hecho, indicó, es sumamente grave debido a que buena cantidad de estos fondos deberían estar destinados a otras prioridades y no a productos que habían pasado durante pandemia.

El total de las ventas al Estado de Guatemala por parte de la Farmacéutica Aviv, fue de 69 millones 880 mil 90 quetzales, entre agosto del 2020 y junio de 2021, Además, esa empresa era la única ofertante.

Auditorías por Remdesivir

En un comunicado, el Ministerio de Salud Pública, informó que como resultado de auditorías realizadas con el acompañamiento de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, se estableció que entre 2020 y 2022 algunos hospitales del sistema público continuaron adquiriendo remdesivir, acumulando compras por más de Q171 millones generando un sobreabastecimiento del mismo.

A ello se suma el seguimiento a una denuncia presentada por el Ministerio de Salud en julio de 2024 por posibles regularidades en e/ registro e sanitario de uno de un remdesivir genérico.

La denuncia busca contribuir al esclarecimiento de los hechos y a que se determine las responsabilidades que correspondan conforme a la ley. Los recursos públicos destinados a salud deben traducirse en medicamentos, tratamientos, insumos y atención para la población, y trans que cualquier indicio de irregularidad debe ser investigado con rigor por lo parencia.