Entérate sobre los impactos del bloqueo a proyectos eléctricos en la competitividad de Guatemala y su economía en crecimiento.

Mientras Guatemala busca consolidarse como un destino atractivo para la inversión y el desarrollo industrial, el principal obstáculo que amenaza con frenar su crecimiento económico es el retraso y bloqueo de proyectos eléctricos.

La infraestructura eléctrica es uno de los pilares que sostienen la competitividad de un país. Sin nuevos proyectos de generación, líneas y subestaciones de transmisión, e infraestructura de distribución, el crecimiento económico, la electrificación rural y la atracción de inversiones enfrentan serias limitaciones.

Guatemala enfrenta un rezago cada vez mayor en el desarrollo de su infraestructura de transmisión eléctrica, precisamente en un momento en que la demanda de energía alcanza máximos históricos y mantiene un crecimiento cercano al 5 % anual.

Sin embargo, la expansión de la red de transmisión avanza a un ritmo de apenas 1.5 % por año, una brecha que, según expertos del sector, representa uno de los principales desafíos para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico y acompañar el desarrollo económico del país.

De acuerdo con representantes de la Asociación Guatemalteca de Transportistas de Electricidad (AGTE), construir una nueva línea de transmisión puede tomar entre siete y ocho años debido a la complejidad de los trámites administrativos, la obtención de permisos, los procesos ambientales y los conflictos sociales que suelen surgir durante su ejecución.

En muchos casos, estos plazos superan incluso el tiempo requerido para desarrollar proyectos de generación eléctrica, retrasando la disponibilidad de la infraestructura necesaria para transportar la energía hacia los hogares, las industrias y los nuevos polos de desarrollo.

Miles de millones de dólares en juego

Funcionarios del Ministerio de Energía y Minas -MEM- han manifestado que Guatemala necesitará importantes inversiones en generación y transporte eléctrico para garantizar el abastecimiento futuro y mantener su competitividad.

Solo las licitaciones de generación, transmisión y electrificación rural impulsadas recientemente representan una expectativa superior a los US$4,000 millones en inversión.

Estas inversiones podrían perderse si no se mejora la certeza jurídica y condiciones para desarrollar los futuros proyectos.

Cuando hay cuellos de botella en las líneas de transmisión eléctrica y no se puede llevar energía desde las plantas que generan un suministro eléctrico más limpio y asequible hasta donde se encuentra el consumidor, se utilizan centrales con características específicas que son forzadas a encenderse para aportar potencia reactiva y mantener el voltaje estable en zonas concretas, a esto se le llama generación forzada.

El Administrador del Mercado Mayorista (AMM) registró en 2025 US$138.2 millones en generación forzada, esa energía es más cara y es dinero que sale del sistema y eventualmente del bolsillo de las familias guatemaltecas.

Para Juan Jacobo Rodríguez, Gerente General de la transportista de energía Conecta, muchos activos podrían construirse en el país con esa cantidad de dinero, y se traduciría en tarifas más competitivas.

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La AGTE, por su parte resaltó que más de USD 955 millones han sido invertidos en infraestructura de transmisión por los agentes transportistas asociados a la AGTE del año 2014 al 2024, de igual manera advierten que cada vez es más riesgoso invertir por la complejidad en el país.

Cuando un proyecto se retrasa o se cancela, no solo se afecta la infraestructura energética. También se posponen inversiones industriales, comerciales, agrícolas y turísticas que dependen de un suministro eléctrico confiable para operar.

La experiencia demuestra que los bloqueos en transmisión eléctrica terminan convirtiéndose en barreras para la instalación de nuevas industrias, parques tecnológicos, centros logísticos y proyectos productivos, reduciendo la capacidad de crecimiento económico de los países.

El sector industrial a través de un comunicado manifestó que el bloqueo o retraso de proyectos eléctricos encarece el servicio, limita el acceso a fuentes de energía más eficientes y aumenta los riesgos para la estabilidad del sistema, lo que repercute directamente en la competitividad del país y en el desarrollo de los municipios y comunidades.

El costo social también es elevado, las consecuencias no se limitan a las cifras macroeconómicas. Cada proyecto que no avanza puede significar comunidades que continúan sin acceso a energía de calidad, oportunidades de empleo que no llegan y territorios que permanecen desconectados de actividades productivas modernas.

La electrificación rural ha sido identificada históricamente como una de las herramientas más efectivas para reducir pobreza, mejorar la educación, fortalecer los servicios de salud y generar oportunidades económicas en áreas rurales.

Sin embargo, el atraso en la expansión de las redes eléctricas limita estos beneficios para miles de familias guatemaltecas.

Además, especialistas advierten que una red insuficiente puede afectar la calidad del servicio, incrementar las restricciones para conectar nuevos usuarios y limitar la capacidad de respuesta ante el crecimiento de la demanda.

Conflictividad: uno de los principales desafíos

La conflictividad social constituye uno de los principales riesgos para la ejecución de nuevas obras de transmisión en Guatemala.

A ello se suman dificultades relacionadas con servidumbres de paso, obtención de permisos, procesos administrativos y financiamiento. Históricamente, las autoridades energéticas han señalado que una proporción importante de los proyectos energéticos del país ha experimentado retrasos por estas causas.

La discusión sobre los proyectos eléctricos suele centrarse en conflictos locales o disputas puntuales. Sin embargo, el impacto trasciende a las empresas desarrolladoras y alcanza a toda la economía nacional.

Cuando una línea de transmisión o una subestación se retrasa, el costo no solo se mide en meses de construcción perdidos. También se traduce en menos inversión, menor competitividad, oportunidades de empleo postergadas, una electrificación más lenta y una calidad de vida rezagada para miles de guatemaltecos.

En un contexto donde Guatemala aspira a atraer nuevas industrias, fortalecer su seguridad energética y ampliar la cobertura eléctrica, acelerar la ejecución de proyectos estratégicos de transmisión de energía, se convierte no solo en una necesidad sectorial, sino en una prioridad para el desarrollo nacional concluyó el ingeniero Rodríguez.