Ministerio Público atribuye al “Barrio 18” el ataque contra Solórzano Foppa
La investigación por el ataque armado que el 17 de octubre cobró la vida de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro en el Campo de Marte, zona 5 capitalina, apunta a integrantes del Barrio 18.
El Ministerio Público (MP) atribuyó este viernes a esa organización la ejecución del ataque e informó que dos presuntos integrantes quedaron ligados a proceso por asesinato.
El secretario general de la institución, Edwin Santiago Chavajay, informó sobre la situación de los dos procesados. También, recordó que la legislación guatemalteca clasifica al Barrio 18 como una organización criminal transnacional y terrorista. En septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo designó organización terrorista extranjera.
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La investigación por el ataque armado que el 17 de octubre cobró la vida de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro en el Campo de Marte, zona 5 capitalina, apunta a integrantes del Barrio 18.
El Ministerio Público (MP) atribuyó este viernes a esa organización la ejecución del ataque e informó que dos presuntos integrantes quedaron ligados a proceso por asesinato.
En una conferencia de prensa, el fiscal general, Gabriel García Luna, explicó que aún quedan diligencias para establecer quiénes intervinieron en la planificación y ejecución del crimen. Al referirse al grupo que ejecutó el ataque, el jefe del MP afirmó:
Sí, efectivamente, fue el grupo terrorista denominado Barrio 18.

El secretario general de la institución, Edwin Santiago Chavajay, informó sobre la situación de los dos procesados. También, recordó que la legislación guatemalteca clasifica al Barrio 18 como una organización criminal transnacional y terrorista. En septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo designó organización terrorista extranjera.
Chavajay explicó que la investigación abarca tanto a quienes participaron directamente en el ataque como a quienes habrían contribuido a su preparación o ejecución. El artículo 36 del Código Penal incluye entre los autores a quienes cooperan con un acto indispensable para cometer el delito.
Policías enfrentan proceso
El coordinador nacional del MP, José Raúl López Lamadrid, expuso una segunda línea de investigación sobre la actuación de los policías que detuvieron a los hermanos Choc Toz horas después del ataque. Los agentes los señalaron por su posible participación en el crimen y consignaron una carabina durante el procedimiento.
Al revisar el informe policial y los primeros indicios, la fiscalía encontró inconsistencias y determinó que carecía de elementos suficientes para vincular a los hermanos con el ataque. En la audiencia del 18 de octubre solicitó que se declarara falta de mérito. El juez aceptó la petición y ordenó la libertad de ambos.
Los fiscales investigan si los agentes colocaron el arma para simular un hallazgo. Para esclarecer lo ocurrido, analizaron videos, recabaron testimonios, estudiaron vínculos entre los involucrados y cotejaron la ubicación de las patrullas con los recorridos que los policías consignaron en su informe.
El 20 de octubre, el presidente Bernardo Arévalo informó que se había solicitado a la Inspectoría General de la PNC investigar la actuación de los agentes.
Tras más de 20 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia, las autoridades capturaron a siete integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC), entre ellos un comisario, un oficial y un inspector. El 28 de octubre, un juez los ligó a proceso. La causa comprende los delitos de abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.
Siguen la ruta del arma
La fiscalía también investigó la procedencia de la carabina, a nombre de quién estaba registrada y qué documentos se utilizaron para su traspaso. En esa revisión identificó posibles irregularidades en el cambio de titular y en una constancia que emitió una agente de la PNC.
El 10 de noviembre, las autoridades efectuaron nuevos allanamientos, localizaron armas de fuego y municiones y capturaron a tres personas. Dos quedaron ligadas a proceso por obstaculización a la acción penal, por su presunta intervención en el traspaso del arma. La agente que habría emitido la constancia enfrenta proceso por incumplimiento de deberes.
Con estas resoluciones, suman 10 personas ligadas a proceso por las presuntas irregularidades posteriores al ataque. Siete corresponden a la detención de los hermanos Choc Toz y tres a la investigación sobre el registro del arma.
Más de 50 diligencias
En la investigación por las muertes de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro, la fiscalía reportó más de 50 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia. Los investigadores localizaron armas de fuego y solicitaron cotejos balísticos para establecer si alguna guarda relación con el ataque.
Chavajay informó que las autoridades también efectuaron requisas en los centros de detención Renovación I y Canadá. Además, identificaron varios vehículos que, según las pesquisas, pudieron utilizarse durante el crimen.
El secretario general indicó que espera nuevas aprehensiones y que la persecución penal abarca a quienes habrían ejecutado el ataque y a quienes pudieron colaborar para que se cometiera. Las pesquisas continúan para identificar a los presuntos autores intelectuales.
Investigación bajo reserva
García Luna explicó que la reserva protege a las víctimas, a los testigos y a quienes colaboran con la justicia. Advirtió que divulgar información sensible podría alertar a personas pendientes de captura, facilitar la destrucción de pruebas o exponer a los testigos a amenazas.
El fiscal general expresó:
Este caso no termina hoy. Cada pista se sigue, cada prueba se analiza y cada orden se ejecutará.
También pidió prudencia a los funcionarios públicos que se pronuncien sobre el caso. Indicó que la institución comunicará nuevos resultados cuando el juez lo autorice y su divulgación no ponga en riesgo las diligencias.
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