Descubre por qué es crucial nombrar un Superintendente de Competencia y los riesgos que enfrenta el mercado guatemalteco.

El amparo interpuesto busca garantizar un proceso abierto, transparente y apegado a la Ley de Competencia, protegiendo el derecho constitucional de todo guatemalteco a optar a cargos públicos en igualdad de condiciones.

La falta de nombramiento de un Superintendente de Competencia mantiene paralizada a la autoridad encargada de proteger la competitividad de los mercados en Guatemala, generando riesgos para consumidores, inversionistas y el funcionamiento competitivo de la economía.

Ante esta situación, se presentó una acción de amparo contra el Directorio de la Superintendencia de Competencia (SICOM), con el objetivo de obligar a la institución a convocar un proceso abierto y conforme a ley para elegir a la nueva autoridad, y evitar que se utilicen mecanismos ya agotados para realizar la designación.

Tras la renuncia del Superintendente el pasado 10 de marzo de 2026, el Directorio tenía la obligación legal de activar un nuevo proceso. Sin embargo, a la fecha no lo ha hecho. Incluso, según consta en actas oficiales, se ha planteado la posibilidad de seleccionar al sustituto a partir de candidatos de un proceso anterior, una opción que carece de sustento legal de acuerdo al amparo presentado.

Sin un Superintendente, la SICOM no puede investigar prácticas anticompetitivas, sancionar conductas ilegales, autorizar fusiones ni ejercer sus funciones de supervisión, cuando entre en vigencia plena la Ley de Competencia en diciembre de este año.

Además, esta parálisis impide el desarrollo institucional, limita la ejecución presupuestaria y retrasa la implementación de herramientas clave. En la práctica, la institución existe en la ley, pero tiene grandes obstáculos para avanzar en sus objetivos.

El amparo también advierte sobre la ilegalidad de intentar aplicar un artículo transitorio de la Ley de Competencia aplicable solo para la primera elección como base para una nueva designación. La ley es clara: ese mecanismo fue de uso único y ya se agotó.

Esta situación vulnera principios constitucionales fundamentales como la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho de todos los guatemaltecos a optar a cargos públicos en igualdad de condiciones.

“Si alguno de los candidatos del proceso anterior tiene interés genuino en el cargo, está en todo su derecho de postularse. Pero debe hacerlo en igualdad de condiciones, dentro de un proceso abierto y transparente. Lo que no puede ocurrir es que se reserve el puesto utilizando un reglamento que la ley ya no autoriza”, señaló Ignacio Andrade Aycinena, abogado interponente.

Guatemala necesita una autoridad de competencia operativa, legítima y nombrada conforme a derecho. Ese es el propósito de esta acción.